El jueves, 22 de Abril de 2010, el ministro Gabilondo entregaba a los distintos agentes sociales el documento elaborado a propósito del “mal llamado pacto educativo. “Mal llamado” porque las primeras reacciones en el medio de los enseñantes que yo conozco hablan de fallos esenciales en su confección.

Parece ser que adolece de nuevo de aquello de lo que presume: de ser realmente un “pacto”. Un pacto supone diálogo previo. Un diálogo capaz de llegar a consensos que recojan las diversas posturas existentes. Consensos asumidos por todas las partes y que todas asumen de modo natural, por sentirse identificadas con ellos. No parece ésta la actitud de quienes exhiben hartos deseos de dialogar, al parecer falaces, pues luego excluyen de manera ostentosa las opciones distintas de las propias, aún a sabiendas de que representan amplios sectores sociales.

Así muchos de los enseñantes que conozco tildan al documento de excesivamente largo, genérico hasta la extenuación e incapaz de concitar el apoyo general que se espera de un “pacto”, de un “acuerdo”. Seguimos sin ser capaces de corregir los defectos de una LOGSE cuyos vectores pedagógicos siguen marcando nuestro sistema educativo y del que tantos maestros y padres se quejan. Veamos algunas taras del documento.

No recoge una demanda esencial de la mayoría de los padres que conocemos, que reclaman la “libre elección de centro”. Existen una serie de consignas en las actuales normas que hacen que los padres tengan poco menos que “trapichear” para conseguir los puntos necesarios para que un chaval entre en el centro deseado. En aras de la búsqueda del “rasero” educativo, se margina la posibilidad de que la propia realidad social española potencie aquel tipo de enseñanza que realmente demanda. En el caso de nuestro entorno es claro. Y ese es el peligro temido, a mi entender: que la propia realidad haga crecer aquellos centros que más se identifican con las expectativas de los padres, que en nuestro caso coinciden con la enseñanza concertada. No hay más que estudiar las cifras de solicitud de plaza y las presiones ejercidas por las mismas familias para acceder a ciertos centros. El actual sistema de puntos además genera injusticias como la ocurrida en un centro religioso madrileño, espolvoreado por los medios de comunicación en estos días, en la que un niño se quedó sin plaza en dicho centro, a pesar de ser el colegio de sus padres, mientras estos observaban las “trampas” de otros padres, a decir de los mismos, para conseguir la aceptación de sus hijos en dicho lugar.

No reconoce este documento tampoco una demanda cada vez mayor en el medio: el hecho de que el profesorado, ante las continuas amenazas a que se ve sometido en el ejercicio de su magisterio, reclame ser considerado como “autoridad pública”, cosa que parece debería sobreentendérsele por el hecho propio de su función social: “no se puede enseñar sin la necesaria acreditación del que transmite una enseñanza”. Esa acreditación no tiene como única fuente el valor, la preparación y la calidad educativa del enseñante, sino que éstas y otras cualidades suyas han de ejercerse en un humus favorable a la consecución de las mismas. Buena formación de los agentes educativos, de un lado, y reconocimiento de su labor social por medio de leyes adecuadas de otro. Sin esta acreditación, el maestro podrá ser vapuleado y masacrado moralmente por un grupo de veinte o treinta “enemigos”, que tendrían que ser, por contra, la buena tierra donde sembrar la semilla del saber y del crecimiento personal.

Otro campo en litigio es el de la formación moral y, sobre todo, religiosa de los hijos. La Constitución española es clara al respecto: Son los criterios de los padres los que han de designar el tipo de formación en este sentido que se ha de ofrecer a sus hijos. Siguen, pues, sin ser atendidas las demandas de un gran sector de la población que reclama una forma distinta de entender la “enseñanza religiosa escolar” (ERE). Desde este sector hay una reivindicación que a mi entender se hace cada vez más acuciante: la necesaria formación religiosa básica de todo “español de bien”. No se puede sustraer a las generaciones futuras del conocimiento de la fuente del patrimonio cultural y religioso que nuestra sociedad ha acumulado a lo largo de los siglos. Sólo esa ignorancia es la que predispone a expresiones como la de que una iglesia gótica se convierta en un silo para cereales, por espaciosa que esta fuera. O peor aún, en un bloque de viviendas. O, como ya ocurre en no pcas ciudades, en una tienda de moda.

Desde este punto de vista, nos gustaría proponer con más insistencia ahora si cabe, la necesidad de un acuerdo en esta materia. Un acuerdo que podría atender a estas propuestas: la existencia de dos tipos de asignatura de Religión.

En una primera, obligatoria para todos, se estudiaría el fenómeno de la religión en sí y el de las religiones en general: su fenomelogía, su historia, el concierto mundial de las religiones a día de hoy… Consistiría en una “formación religiosa básica”, necesaria para entender, cuando menos, la historia y el arte de nuestro país y de todos los demás. Más aún, necesaria para entender las ideas de fuerza de las sociedades modernas, que se enfrentan de diverso modo, pero de manera indeleble, a la cuestión religiosa. Todos deberían conocer el amplio debate interreligioso de las culturas en un mundo globalizado. Sea para afirmarse en la misma fe, sea para negar su influencia en el ámbito personal. Más aún, habría de recoger el amplio debate que la Teología lleva estableciendo durante siglos entre Fe y Razón, entre Fe y Ciencia, entre Fe e ideologías y Humanismos contemporáneos, de tanto fruto en su campo, y que todo español de bien debería conocer. Conocer, asumir y personalizar los diversos argumentos de fondo, a la vez que dar la posibilidad para que el alumno aprenda a mantenerlos y defenderlos en libertad, incluso sugiriendo otros nuevos y alternativos, tan propio del mundo adolescente y juvenil, pero con respeto. Será una buena vacuna contra todo tipo de fundamentalismo, que, a nuestro entender, va en ritmo creciente en la sociedad española, como en la “primavera de los cardos”, sea éste de cuño religioso, sea, sobre todo, de cuño ideológico.

Habría, pues, también una segunda asignatura, de cariz opcional, en la que la oferta de los centros decantase la variedad de ofertas que habrá en la cada vez más variopinta sociedad española del futuro, a decir de ciertos sectores de la población española, que, a pesar de todo, sigue siendo todavía de mayoría católica. Este aspecto, el de la relevancia de lo católico, que también recoge la actual Constitución, querida y valorada por todos los españoles desde hace décadas, no puede ser excluido sistemáticamente del pacto educativo. Es más, no debemos entrar a considerar en este ámbito la asignatura de “Educación para la ciudadanía”, que a mi entender tiene su espacio propio en el debate educativo, pero alejado de la materia que nos ocupa. Nuestra propuesta recoge en esta segunda asignatura de Religión, más propia también de la segunda parte de los Ciclos educativos actuales, la optatividad de los padres que se han de decantar por una de “cuño católico” u otra de tipo más general, de carácter diríamos “ético” o, donde sea preciso y aceptable por el número de personas que las profesan y su relevancia social, una tercera oferta con base en otras confesiones o religiones.

Un “pacto educativo” que se precie no puede soslayar estas propuestas, que son acuciantes en el debate educativo actual. Un debate que ha de tener más en cuenta los reales agentes educativos: los centros escolares, en los que la “Concertada” tiene un papel muy relevante, los maestros y, sobre todo, los padres de los chavales.

 

 

Rafael Blanco, sacerdote y enseñante.