ACTUALIDAD DIOCESANA

El responsable diocesano de Pastoral del Migrante, José Miguel González, valora el anuncio de un proceso de regularización extraordinaria de personas migrantes como un paso decisivo para la justicia social, la integración y el reconocimiento de sus derechos

El pasado martes, 27 de enero, recibíamos la noticia de la intención del Gobierno español de regularizar la situación de migrantes sin papeles en nuestro país.

Las principales instituciones de la Iglesia católica en España, que se ocupan de la atención a migrantes, han celebrado y recibido la noticia con alegría y satisfacción, pues responde a la reiterada petición que han hecho durante mucho tiempo al Gobierno para solucionar el problema de tantos migrantes que, estando ya en nuestro país, no pueden trabajar, encontrar vivienda o escolarizar a sus hijos, por el vacío legal y el limbo migratorio en el que se encuentran. Se trata, pues, de un paso decisivo para la integración de los migrantes y la justicia social con ellos.

Según datos de Cáritas, en 2024 alrededor de 550.000 personas acompañadas estaban en situación irregular, mientras que el IX Informe FOESSA (Fomento de Estudios Sociales y Sociología Aplicada) indica que el 68% de los migrantes en estas condiciones vive en exclusión social.

La Iglesia católica en España, atenta a las necesidades de los pobres y excluidos, ha acompañado e impulsado esta iniciativa junto a 900 organizaciones de la sociedad civil que, en su momento, llegaron a recoger 700.000 firmas en su apoyo. A finales de 2024, la Conferencia Episcopal Española destacó que la regularización extraordinaria sería la respuesta necesaria a una demanda social amplia y una medida imprescindible para mejorar la vida de miles de personas, tanto migrantes como quienes necesitan de su trabajo y aportaciones, de las que muchos somos beneficiarios.

Tal legalización significa el reconocimiento de sus derechos como personas al trabajo y al bienestar de nuestro país. Implica un crecimiento en la integración más plena en nuestra sociedad de tantos que tuvieron que dejar sus países de origen, buscando una lícita mejora en sus vidas. Contribuye también a aportar seguridad jurídica a quienes les ofertan contratos de trabajo y vivienda, a reducir la economía sumergida y la explotación laboral. Se trata, pues, de un verdadero acto de justicia social que pone en evidencia la presencia y contribución de los migrantes a la sociedad española, con todas sus aportaciones. Responde, pues, a la necesidad real de tantas personas que, residiendo en España, no han sido reconocidos legalmente como sujetos de derechos y deberes.

En Salamanca, nos resulta cada vez más frecuente encontrarnos y compartir espacios y momentos, también en nuestras comunidades y parroquias, con hermanos y hermanas procedentes de otros países, principalmente naciones latinoamericanas. Salvo casos muy excepcionales, enriquecen nuestros grupos humanos, aportan juventud y vida, cuidan de nuestros mayores, incluso realizan trabajos y tareas que los nacidos en España no quieren realizar o para los que no llega el natural relevo generacional.

No pertenece al espíritu evangélico el rechazo al migrante o la discriminación, mucho menos la exclusión. Tomando pie en el texto de Mateo 25, invito a todos a acoger e integrar a los migrantes, a escuchar y aprender de ellos, a compartir con ellos para crecer hacia un futuro más luminoso y próspero, desde todos los puntos de vista, para nuestras comunidades cristianas y para la sociedad española en general. Se necesita, de parte de todos, el diálogo y el consenso para superar y dar solución a todos los aspectos espinosos que genera la auténtica acogida e integración de los migrantes. No es tarea fácil; requiere paciencia recíproca y tiempo, comprensión y aprendizaje. Pero es tarea ineludible, en la que todos debemos implicarnos en la medida de nuestras necesidades y posibilidades. Como cristianos, no podemos mirar a otra parte ni permanecer ajenos al sufrimiento y necesidades de tantos que llegan a nuestro país buscando una mejora de sus vidas, al igual que, en otros tiempos, nuestros mayores tuvieron que emigrar a diversos países de Europa o América, principalmente.

Todos queremos que esta iniciativa legal sirva para garantizar la dignidad y los derechos de todos, para crecer en una sociedad más inclusiva, cohesionada y solidaria, donde nadie quede descartado o relegado, donde todos podamos vivir y sentirnos hermanos, hijos de un mismo Padre Dios, que cada día nos regala la vida y nos invita a compartirla, especialmente con quienes más lo necesitan.

José Miguel González, responsable diocesano de la Pastoral del Migrante