12/12/2019
Una de cada siete personas –en torno a 368.000 personas– se encuentra en una situación de exclusión social en Castilla y León, ya sea moderada o severa. En el último Informe Foessa que han presentado en Cáritas diocesana de Salamanca advierten que dentro de este grupo existe uno “especialmente vulnerable”, y afectadas por la acumulación de problemas, de cerca de 100.000 personas.
El técnico del equipo de estudios de Cáritas y director del informe Foessa regional, Guillermo Fernández Maíllo, ha sido el responsable de detallar los resultados de este documento que se convierte en un retrato de la realidad social en España, y dentro de ella, en la Comunidad. En este sentido, quiso recordar que la pobreza no se puede medir tan solo por una cantidad de dinero, “sino que tenemos que incorporar más realidades, como la salud, la vivienda o el aislamiento social”, entre otros.
En el informe Foessa evalúan diferentes indicadores que pueden llevar a una persona a la exclusión social, como el empleo, el consumo, la educación o la vivienda. Al respecto, Fernández Maíllo aclara que es un ámbito que preocupa en Castilla y León, “y es el primer factor que afecta a la población en exclusión”. En concreto, uno de cada cinco ciudadanos de la región estaría en dificultad en materia de vivienda, con hogares con deficiencias graves de la construcción, y que no pueden rehabilitarla por falta de dinero, etc. Además, se ha incrementado en un 75% las personas que tras pagar los gastos de alquiler y de suministros, “están por debajo del umbral de la pobreza”.
Cabe recordar que la sociedad está dividida en la integración plena, la integración precaria, la exclusión moderada y la exclusión severa. Según los resultados, y en comparación con 2013, “la integración plena es mayor, del 49,4% al 56,9%, que es una buena noticia, pero la cifra global no ha cambiado”. Sin embargo, a Cáritas la preocupa especialmente otro movimiento: “La gente que ha pasado de exclusión moderada a severa, pasando del 5,1% al 8,9%, y son personas que no han aprovechado los vientos de la recuperación, todo un reto para los servicios y organizaciones sociales”. De hecho, este técnico asegura que la exclusión severa “se ha multiplicado por tres en los últimos años”. Y en la Comunidad desvela dos problemas más agudizados: “Las dificultades a la vivienda, y el crecimiento de la población mayor”.
Asimismo, en este informe advierten de que las personas en exclusión severa, “cada vez están más alejadas de la media de la población, y al suceder esto, cada vez son más invisibles, les reconocemos menos”, y como clara este experto, “es una medición de la desigualdad”, porque cree que la desigualdad económica, “no es muy elevada, pero la social, sí”.
En materia de vivienda, desde este informe describen dos tipos de situaciones. Por un lado, la vivienda inadecuada, porque no tiene suministros adecuados, con deficiencias arquitectónicas o de barreras, y que se cifran en 52.000 hogares; y una vivienda insegura, de personas que no tienen claro si mantendrán ese mismo hogar durante mucho tiempo, bien sea por un desahucio, una ocupación, etc., y con 49.000 hogares en esa situación.
Otro de los factores que conducen a la exclusión es la dependencia, de las personas mayores, y que en Castilla y León “se veía venir desde hacía tiempo”, como sentencia este técnico del informe Foessa. En la actualidad, una de cada tres personas tiene dificultades para realizar su vida diaria y no cuenta con ayuda.
En cuanto a las conclusiones de este VIII Informe de Foessa, “ha aumentando el espacio de la integración social plena, que es positivo, y se han reducido algunas de las dimensiones que nos llevan a la exclusión, como el empleo”. Pero ha notado varios aspectos negativos, como que la exclusión, “no ha descendido en volumen, se han enquistado, y ha aumentado mucho la más severa”.
Y el empeoramiento se ha originado por el tema de la vivienda, “y con las dimensiones relacionadas con la salud, por la edad de la población”, insiste Fernández Maíllo. En cuanto al perfil de la personas en exclusión, como aclaran desde Cáritas, “casi todos son españoles, de entre 45 y 65 años”.
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