17/03/2020
Ante la celebración del Consejo de Ministros que se celebra hoy, Cáritas Española hace público un documento de propuestas urgentes para garantizar los derechos de las personas en situación de exclusión social que están más expuestas ante los efectos del coronavirus.
A partir del análisis de riesgos aportado por el VIII Informe FOESSA a los que están expuestos, ante el estallido de una nueva crisis económica, una parte importante de la población española en situación de vulnerabilidad social, Cáritas alerta de los efectos sociales que esta emergencia sanitaria creada por el Covid-19 puede producir en las familias en situación de pobreza y exclusión. Hablamos, según los datos de FOESSA, de de 8,5 millones de personas, es decir, el 18,4% de la población española.
Con objeto de atenuar al máximo el impacto de la crisis en estas personas, el documento identifica una serie de medidas sociales que deberían adoptarse con carácter de urgencia en esta primera etapa de la emergencia en materia de empleo, vivienda, alimentación, ingresos mínimos, inmigración y refugio, y acceso a suministros básicos.
Cáritas es consciente de que esta coyuntura reclama, como nunca antes, el trabajo en red. Por eso, invita a sumar voluntades y recursos por parte de todos los poderes públicos, las organizaciones del Tercer Sector Social, los agentes sociales y económicos, y el conjunto de la sociedad civil para avanzar en estas propuestas.
De manera resumida, estas son las medidas elaboradas por Cáritas para poner a quienes más lo necesitan en el centro de la agenda política:
– Prórrogas en la prestación por desempleo y subsidio por desempleo
– En los expedientes de regulación temporal de empleo, flexibilizar de las condiciones para el acceso a la prestación por desempleo.
– Ayudas de emergencia temporal en empleo doméstico
– Suspensión de los desahucios durante los meses de marzo y abril, con posibilidad de prórroga si la situación de emergencia lo requiere.
– Mantener las medidas extraordinarias ya aprobadas para las personas en situación de sin hogar y especial consideración a la movilidad de estas personas.
– Prorrogar automáticamente las rentas mínimas concedidas y las sujetas a renovación en marzo y abril. Y resolver de forma urgente las que están en curso
– Apoyo al anuncio del Gobierno de aprobar una partida extraordinaria de 25 millones de euros para que las familias beneficiarias de becas de comedor puedan hacer efectivo este derecho ante el cierre de los centros educativos.
– Con objeto de asegurar el derecho a la alimentación de los menores afectados por el cierre de colegios y comedores escolares, Cáritas propone gestionar las ayudas previstas en forma de tarjetas canjeables en todo tipo de supermercados y comercios de alimentación para las familias con becas de comedor.
– Prórroga de las autorizaciones de extranjería sujetas a renovación.
– No incoación de expedientes sancionadores en materia de extranjería y se suspensión de los procedimientos de expulsión.
– Los jóvenes tutelados que alcancen la mayoría de edad, de forma extraordinaria, deberán poder prorrogar su situación en los centros/recursos de acogida para evitar situación de calle.
– Ante el cierre de los CIES, se propone que aquellas personas que no tienen un domicilio puedan ser acogidas por el sistema de acogida de emergencia.
– Prórroga de las renovaciones de familiares de ciudadanos comunitarios y españoles de forma automática.
– Prórroga de las tarjetas de solicitantes de asilo caducadas o pendientes de renovación.
– Interrupción del plazo para avanzar o agotar el itinerario de acogida. .
– Lucha contra la pobreza energética: asimilar el supuesto recogido en la Estrategia Española de Lucha contra la Pobreza Energética sobre la prohibición de interrumpir el suministro energético en situaciones meteorológicas extremas durante, al menos, la vigencia de la Declaración del Estado de Alarma. Asimismo, se contemplaría para el caso de otros suministros básicos como agua y teléfono.
– Bono social eléctrico: Las personas acogidas al bono social eléctrico deberían ver incrementado en un 50% el límite anual de consumo energético bonificable.
En el documento, Cáritas señala que la crisis social que se encuentra unida a la crisis sanitaria está generando efectos presentes en las condiciones de vida y en las prácticas cotidianas de la población española, que viven en un estado de alarma y aislamiento coyuntural para contener y frenar la evolución de la pandemia.
El aislamiento impuesto está exponiendo a la vivencia de la crisis en soledad a los hogares unipersonales, a la eliminación de las relaciones sociales que pueden compensar la falta de capacidades de una parte de la población.
Se trata de una crisis social que está extremando sus consecuencias en la población más vulnerable, la que se encuentra, en situación de pobreza y exclusión social, con el riesgo real añadido de que, en el corto y medio plazo, aumente la bolsa de la exclusión social y empeore las condiciones de vida de la población en condiciones sociales más precarias
De entre los 8,5 millones de personas se encuentran en exclusión social, hay un grupo de 1,8 millones que acumulan tal cantidad de problemas y necesidades que van a ser las primeras en notar el parón de nuestra economía y de cómo se establezcan las prioridades de las políticas de protección social.
Cabe recordar, que durante el breve período de recuperación que hemos vivido tras la última crisis, no hemos conseguido revertir suficientemente la situación de esas personas y volver a parámetros del año 2007. Y su capacidad de resistencia ante esta nueva crisis es prácticamente inexistente.
Como advierten los expertos de FOESSA, durante los últimos 10 años las clases más desfavorecidas han estado esperando alguna medida de calado que pudiera revertir, o al menos parar, su proceso de acumulación de dificultades. Sin embargo, las medidas de contención del gasto, más allá de donde vinieran, han sido las prioritarias, abandonando a personas y hogares sin capacidad de resistencia en el espacio de la exclusión más severa. Solo un sistema público de Servicios Sociales muy debilitado y unas organizaciones del Tercer Sector exhaustas han intentado parar y contener la situación.
En el documento, Cáritas alerta también en los riesgos que esta crisis sanitaria puede acarrear para los que en el VIII Informe FOESSA de identifica como “sociedad insegura”, un sector social que ocupaba la parte más baja de la sociedad integrada, compuesta por 6 millones de personas y que “se mueve en el filo de la navaja” al estar en la antesala de la exclusión. Es una parte de la sociedad que, de producirse cambios sustanciales en sus condiciones personales, o ante una eventual sacudida de una nueva crisis, su sostén económico y social se quebrará.
Para Cáritas, la nueva crisis ha llegado con el impacto del Covid-19 y que, de no adoptarse las medidas sociales necesarias, va a provocar que una parte de estos 6 millones de ciudadanos estén en riesgo de incrementar la población en exclusión social.
Es tarea de Cáritas acompañar, visibilizar la realidad social y proponer alternativas viables para que el impacto en las personas vulnerables y en situación de exclusión social sea el menor posible.
Cáritas apela a la larga experiencia de acompañamiento y escucha que lleva a cabo desde hace más de 70 años en España a las personas y familias que están en situación de mayor desprotección para urgir al Gobierno a responder sin demoras a una situación de emergencia sanitaria, económica y social como la que estamos viviendo. Salvo que se tomen medidas destinadas a no dejar a nadie atrás, estas personas van a sufrir de forma más profunda y más prolongada en el tiempo, el impacto de esta emergencia.